La educación pública no puede retroceder

    DOLORES MARINA JUVINAO

       Presidenta de Edumag

EDITORIAL  DE ORIENTACION PEDAGOGICA

La educación pública colombiana vuelve a estar en el centro del debate nacional. Las primeras declaraciones de la nueva ministra de Educación han generado inquietud en amplios sectores del magisterio, de las universidades y de la sociedad, especialmente por la posibilidad de revisar el modelo de financiación de la educación superior y promover transformaciones estructurales en el sistema educativo.

Más allá de las posiciones políticas, este momento exige una reflexión profunda. La educación no puede ser concebida como un gasto que debe reducirse ni como un servicio sometido exclusivamente a las reglas del mercado. Es un derecho fundamental y uno de los principales instrumentos para disminuir las desigualdades, fortalecer la democracia y garantizar la movilidad social de millones de colombianos.

Las dificultades que enfrenta el sistema educativo son evidentes: insuficiencia de recursos, brechas entre el campo y la ciudad, problemas de infraestructura, déficit de docentes en algunas regiones y enormes desafíos para garantizar una educación inclusiva y de calidad. Sin embargo, la solución no puede traducirse en decisiones que debiliten el compromiso del Estado con la educación pública. Por el contrario, el país necesita fortalecer la inversión, mejorar la gestión de los recursos y construir políticas públicas de largo plazo.

El magisterio colombiano ha sido protagonista de importantes luchas por la defensa de la educación pública. Es natural que cualquier propuesta que pueda afectar este derecho despierte preocupación y genere un llamado a la organización, al debate y a la movilización democrática. Defender la educación pública no significa oponerse al cambio; significa exigir que las reformas respondan al interés general y no sacrifiquen el acceso, la calidad o la equidad.

Hoy más que nunca se requiere unidad entre docentes, estudiantes, padres de familia, universidades y organizaciones sociales. Las transformaciones que necesita la educación deben construirse mediante el diálogo social, con participación de quienes conocen la realidad de las aulas y de las comunidades educativas. Las decisiones tomadas sin ese consenso difícilmente responderán a las verdaderas necesidades del país.

La historia demuestra que los avances en materia educativa no han sido concesiones espontáneas, sino el resultado de la participación ciudadana y de la defensa permanente de los derechos sociales. Por ello, el debate que hoy comienza debe convertirse en una oportunidad para fortalecer la educación pública y no para debilitarla.

La educación pública es patrimonio de todos los colombianos. Su defensa trasciende gobiernos, partidos e ideologías, porque en sus aulas se forma el futuro del país. Cuidarla, fortalecerla y garantizar su financiación suficiente no es solo una obligación del Estado; es un compromiso de toda la sociedad.