Justicia cooptada, democracia secuestrada
ELKIN PALMA CEID-EDUMAGLa suspensión del decreto de emergencia económica por parte de la Corte Constitucional no es una decisión jurídica: es una decisión política. Es la expresión más clara de cómo la ultraderecha ha logrado cooptar las instituciones de justicia y los organismos de control, convirtiéndolos en trincheras ideológicas al servicio de una élite económica que se niega a perder privilegios.
La emergencia no buscaba empobrecer al pueblo: Buscaba gravar a los sectores con mayor capacidad económica, a los grandes patrimonios, al consumo de lujo, a los negocios más rentables. Pero eso es precisamente lo que el bloque de poder no tolera: que el ajuste no recaiga sobre los de siempre. Por eso el decreto no fue debatido: Fue bloqueado. No fue revisado: Fue neutralizado.
Hoy no existe solo una justicia politizada; existe también un aparato informativo subordinado, que ya no produce noticias sino propaganda política. Cada titular, cada “análisis”, cada editorial mediático no informa: condiciona, manipula y construye relato. No se evalúan los hechos, se fabrica una narrativa única: Todo debe servir para “echarle vaina” al Gobierno, erosionar su legitimidad y sabotear cualquier intento de transformación social.
Esto no es control institucional: es veto político. No es equilibrio de poderes: es bloqueo estructural del proyecto elegido en las urnas. Y lo más grave: se está normalizando que una minoría con poder económico, judicial y mediático decida el rumbo del país por encima de la voluntad popular.
La democracia no muere con golpes militares: muere cuando las instituciones se convierten en instrumentos de clase, cuando la justicia deja de ser garante de derechos y se transforma en muro de contención contra el cambio social.
Lo que está en juego no es un decreto. Es quién gobierna realmente a Colombia: el pueblo… o las élites atrincheradas en las instituciones.
Comentarios
Publicar un comentario