EL DECRETAZO DEL 2026
Santa Marta lleva demasiado tiempo habitando los penúltimos lugares de ese ranking apócrifo que producen las pruebas de Estado. No porque sus niños no puedan, ni porque sus maestros no estén preparados, sino porque el sistema educativo local ha sido sometido a una cadena persistente de abandono, improvisación y decisiones políticas sin horizonte pedagógico.
Las razones son conocidas y reiteradas: instituciones educativas en mal estado, traslados inconsultos de maestros, ausencia de planes serios de formación docente, políticas educativas poco definidas y una inversión mínima en calidad. A esto se suma una constante: secretarías departamental y distrital sin rumbo claro, dirigidas muchas veces por funcionarios con escasa comprensión de lo que significa ser maestro y de lo que implica sostener procesos pedagógicos a largo plazo.
Los mandatarios, por su parte, parecen más preocupados por la foto, la coyuntura o el cálculo político que por lo esencial: la educación de niños y jóvenes como proyecto de ciudad y de región.
Pero lo ocurrido a comienzos de este 2026 marca un punto especialmente delicado. La serie de traslados de rectores y maestros, ejecutados bajo el amparo de una supuesta discrecionalidad administrativa, y los nombramientos realizados sin tener en cuenta los derechos de carrera docente, sin justificación pedagógica conocida y sin análisis de los procesos académicos que venían desarrollando las instituciones, no solo generan incertidumbre: generan ruptura.
Una escuela no es un edificio ni un cargo. Es un proceso vivo. Desconocerlo es condenarla al retroceso.
Si este decreto, que involucra a más de una veintena de rectores, no cuenta con una justificación sólida en derecho, lo que se avecina no es solo un conflicto administrativo, sino un serio problema para el inicio normal de las labores educativas. Lo que hoy se percibe en el magisterio es desconcierto, desmejoramiento de condiciones de vida, afectación de derechos adquiridos y traslados a contextos distintos de las plazas concursadas. Todo esto sin diálogo, sin explicación y sin respeto.
Pero la pregunta inevitable es:
¿son decisiones técnicas o decisiones políticas?
¿Estamos regresando a los tiempos de la “marcha del hambre”, cuando los rectores y maestros se nombraban a dedo, sin mérito, sin proceso y sin proyecto educativo?
Cuando la educación se administra como botín, la escuela se resiente y la ciudad retrocede. Bueno sería esto lo que falta…
Los maestros están esperando una voz de protesta y de reclamo y estamos seguro que se escuchara un grito beligerante y reivindicativo de derecho.
Ante este escenario, EDUMAG no puede limitarse a la observación pasiva ni a comunicados tibios. Su papel histórico y ético exige acciones claras:
1. Exigir públicamente la fundamentación jurídica y pedagógica de los traslados y nombramientos realizados.
2. Acompañar jurídicamente a los rectores y docentes afectados, defendiendo los derechos de carrera y las condiciones laborales.
3. Convocar a la unidad del magisterio, informando con claridad y evitando la fragmentación.
4. Abrir un escenario de interlocución seria, pero firme, con el alcalde y las autoridades educativas del distrito, sin renunciar a la movilización si el diálogo es ignorado.
5. Defender la escuela pública como proyecto pedagógico, no como ficha administrativa ni cuota política.
6. Santa Marta no está en crisis educativa por falta de diagnósticos, ni por el accionar de los maestros o rectores sino por exceso de improvisación y desprecio por el saber pedagógico. Cuando se gobierna la educación a punta de decretos sin alma, sin derecho y sin escuela, lo que se instala no es autoridad, sino arbitrariedad. Y la arbitrariedad, en educación, siempre termina pasando factura.
Si estos traslados y nombramientos no se desmontan o no se justifican con rigor jurídico y pedagógico, el año escolar 2026 nacerá herido. No por culpa de los maestros, sino por la torpeza de administraciones que siguen creyendo que la escuela se maneja como oficina y que los rectores son fichas movibles en un tablero político.
Que nadie se llame a engaño: cuando se vulneran los derechos de carrera y más de carrera docente se rompe la confianza institucional. Cuando se desconoce el proceso de una escuela, se sabotea el aprendizaje de los estudiantes. Y cuando se gobierna sin escuchar al magisterio, se empuja al conflicto.
EDUMAG está llamado, hoy más que nunca, a pasar de la paciencia al carácter, de la denuncia a la acción organizada. Porque si el sindicato no defiende la escuela pública, nadie más lo hará. Y porque la historia ya nos enseñó que cuando los maestros callan, la educación retrocede décadas.
Santa Marta no resiste otro experimento político con sus escuelas.
No resiste más rectores “a dedo”.
No resiste más desprecio por el mérito, la trayectoria y la dignidad docente.
Si la educación sigue siendo tratada como botín administrativo, no habrá pruebas que medir ni discursos que maquillen el fracaso.
Habrá, simplemente, una ciudad que decidió traicionar a sus niños y jóvenes.
Y esa responsabilidad, esta vez, sí tendrá nombre propio.
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